GOBIERNO DE CDMX HA IMPEDIDO ACTUACIÓN DE ALCALDÍA CUAUHTÉMOC EN OBRAS BAJO EL ESQUEMA DE ACUERDO DE FACILIDADES; ALE ROJO DE LA VEGA EXHIBE PRUEBAS DOCUMENTALES

17 marzo 2026

Esto no se politiza, se respeta, señalé al referirme a las personas que perdieron la vida.
Exhibí oficios y marco legal sobre la autorización, supervisión y responsabilidades en la demolición.

Exhibí documentos que demuestran que desde la Alcaldía Cuauhtémoc hemos solicitado, tras denuncias vecinales, realizar visitas de verificación en 6 de los 17 inmuebles que se encuentran en proceso de demolición bajo el esquema de acuerdo de facilidades, sin embargo, estas visitas no han sido permitidas bajo el argumento de que son competencia del Gobierno de la Ciudad de México.

Señalé que en la Cuauhtémoc existen 17 demoliciones bajo este esquema y que en seis de ellas no se nos ha permitido verificar. Expliqué que la razón que se nos ha dado es que, al tratarse de un acuerdo de facilidades administrativas, solo el gobierno de la ciudad puede llevar a cabo estas verificaciones, y presenté los oficios y pruebas que acreditan esta situación.

Tras el colapso de un inmueble en proceso de demolición en San Antonio Abad, donde tres personas perdieron la vida, expresé que este tema no debe politizarse y que se debe actuar con respeto hacia las víctimas.

También señalé que la demolición contaba con autorización del gobierno central y no de la alcaldía. Expliqué que este permiso no solo autorizaba la intervención del inmueble, sino que establecía la obligación de supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad tanto del edificio como de las zonas aledañas. Sostuve que quienes autorizaron también tenían responsabilidades claras sobre la supervisión y la seguridad.

Durante la conferencia expuse, con documentos, que estas autorizaciones se otorgan a partir del denominado acuerdo de facilidades, derivado de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México creada tras el sismo de 2017, un mecanismo que permite realizar demoliciones bajo un esquema excepcional.

Señalé que, de acuerdo con su actualización más reciente publicada en 2025, este acuerdo permite llevar a cabo demoliciones incluso sin cumplir con algunos requisitos como contar con un programa de protección civil, y que establece que la supervisión, coordinación y responsabilidad recaen en la Secretaría de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México y en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

En contraste, mostré que en los archivos de la alcaldía consta que cuando la empresa responsable solicitó permiso para la demolición se identificaron riesgos para la seguridad de las y los vecinos, por lo que en ese momento se determinó no autorizarla.

Expliqué que días después el gobierno central autorizó la demolición bajo este esquema, pese a los señalamientos realizados desde la alcaldía.

También detallé que las labores de verificación en obra no dependen directamente de la alcaldía, sino del Instituto de Verificación Administrativa, organismo del Gobierno de la Ciudad de México encargado de realizar las inspecciones.

Señalé que hemos solicitado formalmente acompañamiento para llevar a cabo verificaciones, sin embargo, el propio instituto ha informado que no cuenta con personal suficiente para atender todas las solicitudes, por lo que desde octubre de 2025 a la fecha existen cientos de solicitudes que no han sido atendidas.

Asimismo, me referí a la atención del único trabajador que sobrevivió al colapso, quien fue trasladado inicialmente por personal de Protección Civil de la alcaldía para recibir atención médica en el Hospital Rubén Leñero.

Expliqué que, ante las condiciones en las que posteriormente fue dado de alta, brindamos apoyo para garantizar su atención y resguardar su integridad, reiterando que lo más importante es la vida de las personas y que el servicio público debe enfocarse en resolver.

Finalmente, señalé que, en lugar de asumir responsabilidades, el tema ha sido llevado al terreno político. Aquí hay documentos, hay normas y hay hechos. La verdad está sobre la mesa.

Reiteré mi disposición para colaborar institucionalmente y subrayé la necesidad de revisar los mecanismos vigentes para evitar que hechos como este se repitan.